jueves, 26 de agosto de 2010

Sobre la ocupación y otras formas legales de mangar un piso

Curiosamente, un bien como la vivienda, que es una necesidad de primer orden para una existencia que se considere digna y que en España lleva unos treinta años convertido en artículo de lujo, está en nuestro país bastante desprotegido frente a ciertas formas legales de enajenación que algunos juraríamos que son más bien robos puros y duros. Una de estas vías es la separación matrimonial, donde abundan los casos en los que uno de los cónyuges -por lo general, el hombre-, al romperse la pareja, se queda, quizás no "de iure", pero sí "de facto", desposeído de la vivienda familiar, que a veces se pagó en exclusiva con su dinero. El caso más demencial que conozco fue el de un hombre que, al casarse su hijo, les cedió a él y a su mujer un piso que tenía. Años después, el hijo y su mujer se separaron, pero la ¿justicia? determinó que  fuera la mujer quien se quedase con el piso, sin tener muy en cuenta el irrelevante detalle de que no era propiedad del cónyuge separado, sino de su padre, que simplemente había querido en su momento hacer un favor, haga usted favores para esto. Y no vale el manido pretexto de que ella se quedase con los hijos, porque eso no justifica semejante expolio: esa mujer y esos hijos tenían mil soluciones perfectamente razonables y justas.

Pero la vía "legal" de expolio de viviendas de la que quería hablaros hoy es otra: la ocupación, es decir, el sistema consistente en meterse por las bravas en cualquier casa ajena y temporalmente vacía y apropiarse de ella. Hasta no hace demasiado, que alguien te  hiciera esto podía representar que te quedases sin esa propiedad de forma inevitable, pero en la actualidad las leyes han evolucionado hacia cierta mejora. Así, gracias a la publicación del Código Penal de 1996, desapareció el vacío legal y la práctica impunidad de que gozaba este delito -así es como yo lo considero-, ya que la figura pasó a ser contemplada por la ley bajo el tipo de usurpación de bienes, aunque en algunos casos concretos las denuncias se han formulado aduciendo también las figuras de allanamiento, desórdenes públicos y robo, pues algunas de ellas son más graves, lo que representa algo más de celeridad en la resolución y la petición de penas más fuertes para el infractor. De todos modos, el proceso de recuperación no es inmediato y puede alargarse lo que quiera el juez. La forma más rápida de acabar con esta pesadilla en caso de que tenga que intervenir la justicia es el juicio verbal, que será favorable para el expoliado mediante el sencillo trámite de presentar una certificación -no nota simple- de la inscripción en el registro, según se regula en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria y en el 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Otra cosa que he visto por ahí es que, en las 24 horas inmediatas a la ocupación, todavía puede ser la policía quien realice el desalojo, así que, en caso de poder hacer uso de este procedimiento, la víctima de una ocupación no debe dejar escapar la oportunidad. 

Porque lo cierto es que, sean cuales sean en la teoría tus garantías legales, en la realidad las cosas pueden ser muy distintas, en función sobre todo, si la cosa llega a caer en manos de la justicia, del juez al que le toque decidir. Los que se dedican a la ocupación no son ni de lejos los inocentes necesitados dickensianos que pretenden aparentar, sino sujetos muy avisados que se conocen todos los trucos y toman todas las medidas que ellos saben que favorecen a su apropiación, medidas tales como cambiar las cerraduras (lo primero que hacen), presentarse como pobres víctimas de la miseria, poner sus nombres en los buzones, no dejar jamás la casa sola y otras mil que ellos conocen mejor que yo y que irán en función de las particulares malas intenciones de cada uno. De este modo, los asuntos pueden llegar a envenenarse y complicarse mucho, tanto que en cierta ocasión leí las declaraciones de un abogado especialista en ocupaciones que, reservando su anonimato, reconocía que la mejor solución en estos casos era resolver las cosas sin el concurso de la justicia y por uno mismo, aunque fuera por medios expeditivos, ya que le resultaba descorazonador admitir que, yendo por las buenas, lo que se producía era la indefensión de las víctimas ante unos "ocupadores" generalmente abyectos a los que la ley trataba sin embargo de forma ventajosa. Resulta curioso comprobar como en Barcelona -donde se dan muchas ocupaciones- ya están saliendo a la luz historias de personas que contratan a matones para librarse de algún okupa. En consecuencia, tal vez no sea casual que sea precisamente de Barcelona el último caso sonado, el de un matrimonio del Raval que saltó a los medios de comunicación en 2009 por haberse pasado dieciséis meses sin casa porque se la  habían encontrado ocupada al volver de las vacaciones y el juez (llamado Carlos Tortras Bosch) no había determinado el desalojo de los ocupadores, aduciendo que estos carecían de medios económicos.  Ante una situación así, se me ocurren algunas preguntas:
1.- ¿Puede un juez meterse a resolver injusticias sociales mediante el expediente de permitir que se desposea de su vivienda a unos particulares, los cuales, gracias a los okupas y a la sensibilidad social del señor Tortras, han tenido que irse a vivir con unos parientes?
2.- ¿Habría obrado igual el juez Tortras si la casa ocupada hubiese sido suya, o de su padre, o de su hijo, o de algún hermano o amigo?
3.- ¿No representan asuntos como este la existencia de una cierta inseguridad jurídica en España? 

Un correcalles titulado "Salt"

Está visto que en verano las carteleras se ponen imposibles, porque todos los agostos me toca recomendaros que huyáis como de la peste de algún bodrio cinematográfico: recuerdo haberlo hecho con joyas como Sexo en Nueva York o El caballero oscuro, que eran dos auténticas memeces, por muy pretencioso que sea el director de la segunda. Este año le toca el turno a Salt, la película que protagoniza Angelina Jolie y que bien hubiera podido titularse Salt-amontes, dado que la bella actriz se pasa todo el metraje pegando botes, ahora de un camión a otro en una autovía, luego en los túneles del metro, después en el hueco de un ascensor... En fin, lo dicho, un auténtico correcalles sin pies ni cabeza, porque el argumento... bueno, resultaría una verdadera exageración llamarle argumento a la sucesión de insensateces en que se sostiene el concurso de saltos, carreras de coches, tiros y puñetazos que componen esta absurda gimkana.

miércoles, 11 de agosto de 2010

Contra los cafres, buen rollito

Desde que se abrieron a finales de mayo, las piscinas municipales de Madrid vienen sufriendo la tradicional ola de violencia y gamberrismo, cuya manifestación más notoria esta temporada han sido doce agresiones a empleados de estos recintos de ocio, pero pensemos que esta guinda no es sino la corona de un pastel de comportamientos antihigiénicos, robos, violencias, provocaciones, agresiones, impertinencias de borrachos y otras lindezas, cuya dimensión exacta no conocemos y que afectarán, por supuesto, tanto a empleados como a usuarios. El problema se produce especialmente en las piscinas de Francos Rodríguez, Palomeras y San Blas, y no es nuevo en absoluto, porque os revelaré como dato anecdótico que, hace ya treinta años, cuando yo era joven, sabía muy bien que a la piscina de mi barrio -San Blas- no era muy prudente ir, porque allí campaban por sus respetos ciertas pandillas de indeseables. Parece que en tres décadas la cosa no ha mejorado y tal vez incluso haya empeorado: en materia de encauzar la convivencia, somos únicos.
¿Qué nos pasa? ¿Acaso somos incapaces de aportar soluciones a problemas que en principio no parecen muy complejos? ¡Claro que no!, ya veréis. Solución número uno (policial): leí en la prensa que, hace unos días, diez o quince miembros de una misma familia pretendieron pasar a una piscina con menos entradas que personas; cuando la empleada de la puerta quiso detenerles, la empujaron violentamente y se colaron en tromba. Poco después acudió la policía municipal, que estuvo unos minutos hablando con tan modélica familia, hasta que finalmente los agentes de la ley se fueron y los energúmenos se quedaron en la piscina todo el día tranquilamente. Solución número dos (sindical): ante la gravedad del problema y su extensión, UGT ha pedido urgentemente reuniones varias y propone tres medidas correctoras: poner más vigilancia policial, prohibir que se beba alcohol y hacer una campaña para enseñar las normas de las piscinas. Solución número tres (política): la concejal de servicios sociales de Madrid, doña Concepción Dancausa, opina que la culpa de todo este problema la tiene el paro, ya que "la cuestión del desempleo ayuda a que haya más violencia".
En dos palabras: im-prezionante.

Está claro, pues, que nuestros agentes sociales sí presentan soluciones,  tan claro como que no son las adecuadas. No es adecuado que unos policías se pongan a dialogar con unos cafres que se han colado en un recinto público sin pagar y agrediendo a un empelado; lo adecuado hubiera sido, como mínimo, hacerles pagar las entradas que faltasen y haberse llevado al agresor o agresores. En cuanto a las propuestas de UGT, solo es sensata la primera, y lo sería siempre y cuando la presencia policial no se limitase a estar y "dialogar", sino que también supiera actuar llegado el caso; no es, sin embargo, muy pertinente prohibir el alcohol para todos porque haya cuatro descerebrados que se emborrachen y la armen ni andarse con campañas-parche: ¿de verdad creen en UGT que aquí lo que pasa es que la gente no sabe que en las piscinas no se hace el guarro ni se molesta a los demás? ¿Y qué decir de la señora Dancausa? Quien en realidad es la responsable de tomar medidas eficaces para resolver el problema se dedica a consideraciones sociales baratas, demagógicas, trasnochadas y clasistas. Trasnochadas, porque ya pasó el tiempo en que vendía eso de justificar el incivismo con la marginación y esas monsergas; clasistas, porque, en el fondo, lo que ocurra en la piscina de San Blas o en la de Palomeras no supone problema para esta dama, que debe sin duda refrescarse en sitios más selectos, en los cuales no habrá ni rastro de la chusma que se dedica a algo más que molestar en las piscinas municipales. Sin embargo, queda bien y "progre" eso de aludir al paro, como lo de prohibir el alcohol (cosa muy sana) para todos, lo de la campaña de información o lo de ponerse a confesarse con los que se cuelan y luego dejarlos en paz. Eso es lo que mola: el buen rollito, el diálogo, el hacer pagar a justos por pecadores para que estos no se cabreen. Echarlos de la piscina o cogerlos y llevárselos a una comisaría cada vez que fueran demasiado lejos sería una simpleza, una falta de sensibilidad y una fascistada autoritaria impropia de un país tan tolerante y tan guay como el nuestro.

Lo que realmente indigna es que, mientras tanto, los vándalos se hacen los amos y a la gente pacífica y respetuosa que va a la piscina a intentar pasar un buen día sin molestar a nadie, lo que le queda es aguantarse, mirar para otro lado, largarse a otro sitio o quedarse en casa.

martes, 3 de agosto de 2010

Justicia divina


Esta que tenéis aquí es Bibi Aisha, una joven afgana de 18 años que intentó huir de la familia de su marido. Por tal delito, la condena de la justicia de los talibanes fue cortarle la nariz y las orejas. Supongo que la conoceréis, porque hoy ha vuelto a saltar a la actualidad debido a que la revista TIME utiliza su imagen para pedir que las tropas estadounidenses permanezcan en Afganistán.  


Es muy probable que también conozcáis a Sakineh  Mohammadi, porque su caso aún está latente. Como sabéis, la iraní Sakineh está condenada a morir por lapidación por haber mantenido una relación extramatrimonial, así está la justicia de su país, que en 2005 ya había hecho efectiva sobre esta mujer una condena a recibir 99 latigazos por mantener una relación ilícita con dos hombres. Sakineh debe de ser muy fuerte, porque no todo el mundo aguanta 99 latigazos; de lo que ya le sería imposible escapar viva sería de la lapidación (una muerte horrible), condena que aún no se sabe muy bien si le ha sido retirada o no, aunque eso no representaría que se le hubiese perdonado la vida. El régimen iraní, seguramente por el eco mundial que ha tenido este caso, ha perseguido también a la familia y al abogado de Sakineh. Si quieres ayudarla, encontrarás cómo hacerlo en el enlace de arriba. 


La historia de esta otra afgana que no se atreve a enseñar la cara la hallaréis aquí. Se trata de una joven que no aceptó como marido a un poderoso familiar suyo y ello le acarreó la implacable persecución de éste sobre ella y todos sus allegados (a uno de sus hermanos, lo secuestró y le cortó tres dedos de una mano).

En fin, amigos, parece ser que los regímenes totalitarios musulmanes tienen un concepto un poco brutal de la justicia, un poco arcaico, un poco misógino, un poco asimétrico, si se mira el hecho de que ninguna mujer afgana le cortaría la nariz a un marido fugitivo o los dedos al hermano de un pretendiete remiso, o el de que los hombres iraníes, como permite el islam, tienen para sus relaciones sexuales unos límites bastante más benignos que los que se le han impuesto a Sakineh. No cabe para la razón humana semejante sentido de la justicia, aunque tal vez ello se deba a que se administra en el nombre de Dios.