El juez Serrano Castro y las realidades incómodas

Cuando en el año 2004 entró en vigor la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, muchos hombres nos sentimos entre perplejos, irritados y ofendidos, porque esta ley, que tiene el muy loable propósito de defender a las mujeres de la violencia y las agresiones de hombres prepotentes, violentos y maltratadores, escondía en sus planteamientos algunos rasgos que criminalizaban a todos los hombres por el hecho de ser hombres. El tiempo ha demostrado además que, gracias a la asimetría con que trata a hombres y mujeres, no es que pudiera ser, sino que, de hecho, era y es un inestimable instrumento en manos de las mujeres sin escrúpulos -que también las hay- que estuvieran dispuestas a hacer trampas y servirse de las normas para acusar en falso a sus parejas, ya fuera por obtener una situación de ventaja en los casos de separación o por el simple e inicuo placer de machacarlos. Éste es un problema serio que se comenta en la calle, pero el juez Francisco Serrano Castro, un magistrado con más de 20.000 sentencias a sus espaldas, ha dado la voz de alarma al señalar que miles de hombres han sido detenidos por el simple hecho de serlo tras una acusación de maltrato. Denuncia también este juez que nos hallamos ante una situación de injusticia generalizada puesta al servicio de los planteamientos del feminismo radical y se lamenta de hechos como el de que el Gobierno dejase de publicar desde 2007 las estadísticas de hombres asesinados por sus mujeres, o el de que muchos de los hombres que se suicidan hoy en España lo hacen empujados por la situación a que les ha llevado la injusticia de esta ley.

¿Se equivoca Serrano, miente o dice la verdad? Hay que empezar por decir que no parece un charlatán inepto y que, además, ha recibido premios de asociaciones de mujeres violadas o pro-derechos de la infancia. Sea lo que sea, si miente, ¿qué hace el Gobierno que no sanciona a este sembrador de discordia y falsedades?; si se equivoca, ¿qué hace el Ministerio de Justicia que no saca datos fiables desmintiéndole?; y si dice la verdad ¿por qué nuestros poderes públicos no toman ipso facto medidas contra la situación de terrible injusticia que denuncia, impropia de un estado de derecho? Desde luego, ante denuncias tan graves, lo que no cabe es mantener esa ley porque es "nuestra ley": si ha generado esas graves consecuencias, habrá que cambiarla o tal vez, incluso, derogarla. Y no estaría mal que Zapatero y el desaparecido y en su día prepotente Caldera diesen explicaciones. Tampoco basta con respuestas como la de esas cada vez menos creíbles feministas radicales de las que habla Serrano, que ya van a cargar contra él en los tribunales por el simple hecho de manifestar sus puntos de vista, o la de los medios afines al Gobierno y al partido responsable de esta delirante ley de violencia de género (el PSOE), como la SER, que ayer, por boca de Carlos Carnicero, equiparaba a Francisco Serrano Castro con quienes hacen apología del terrorismo, así con todas las letras, vivir para oír. En esta democracia de banderías y cada vez más rebajada que padecemos, da pena ver cómo los que son o dicen ser progresistas se van olvidando poco a poco de principios esenciales del progresismo, como el derecho a discrepar o la obligación de defender nuestras ideas con razones, y no con insultos o anatemas.